INTIMIDAD VS. EXPECTATIVA DE INTIMIDAD EN LA LEY 906 DE 2004 - COLOMBIA

 Willi Efrey Aldana S.

Msc-Esp Derecho Penal, Investigación Criminal, Criminalística, 

Ciencias Penales, Forenses, Criminología y Victimología

Representación - Asesoría - Consultoría 

Docente Conferencista

INTRODUCCIÓN

El presente blog se soporta especialmente en los Artículos 14, 230, 239 y 240 de la Ley 906 de 2004, entre otros,  que tratan el tema de la intimidad y la expectativa de intimidad en actuaciones investigativas encubiertas por parte de policía judicial. Así mismo, se deja entrever la incidencia de la normatividad extranjera en el Estado colombiano como lo es la aplicación de la 3ª y 4ª Enmienda Sección 10 Art. 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América y de la legislación puertorriqueña en esta materia, situación que entra en pugna con lo reglado en la Carta Política colombiana respecto del derecho de intimidad, el cual ha sido abordado desde el bloque de constitucionalidad, la normatividad interna, la jurisprudencia y la doctrina, las cuales señalan de obligado cumplimiento contar con motivos fundados y medios cognoscitivos que sustenten este tipo de actuaciones por parte de la policía judicial, generando una excepcionalidad en prácticas de registro y allanamiento, en vigilancia y seguimiento, aplicado a bienes muebles, inmuebles y personas naturales dentro del territorio nacional (Colombia).

Figura 1

Estas actuaciones, en su práctica, requieren acatar unos principios, técnicas, métodos y procedimientos reglados para no incurrir en responsabilidad judicial y administrativa por violación de la expectativa razonable de intimidad e intimidad, generando exclusión de elementos materiales probatorios y evidencia física obtenidos de forma ilegal o ilícita (ver figura 9), en concordancia con la teoría del árbol de los frutos envenenados (Arts. 23 y 455 Ley 906 de 2004) y en anuencia con el Art. 29 constitucional y con los Artículos 33 de la Ley 270 de 1996 y 117 de la Ley 906 de 2004, que tratan de la responsabilidad de la policía judicial por acción, omisión o extralimitación, sin dejar de lado lo expuesto en el Artículo 90 superior respecto de la acción de repetición. 

Figura 2

GARANTÍA DE DERECHOS 

Si bien es cierto, el crimen organizado actual se establece en redes globales que se anudan en bandas y mafias sin fronteras, con capacidad de manejo de fondos cuantiosos, incluso ligados al poder estatal. Por ello los Estados, dentro de su poder consagrado y reconocido, deben realizar una actualización o revisión de sus tácticas de inteligencia, con énfasis en operaciones encubiertas, y deben igualmente garantizar a toda persona su privacidad en las diferentes facetas o aspectos de su vida, de allí se derivan la autoestima personal, el derecho de personalidad física y espiritual, a la imagen, a la voz, al honor, a la honra e intimidad, a la integridad corporal, como elementos esenciales de la dignidad humana, y que se contienen en la intimidad y expectativa de intimidad, que forma parte del conjunto de los derechos reconocidos universalmente.

Figura 3

En ese orden de ideas, el Estado colombiano está llamado a garantizar a toda persona de la esencia humana su existencia con el mínimo de injerencias de los demás y mantenerse libre de toda perturbación, intromisión arbitraria, incluso del mismo Estado. De ahí que si bien, cada nueva tecnología trae grandes posibilidades de mejorar la vida del hombre, igual contiene consigo nuevas y potenciales amenazas para las personas y conllevan implícito un atentado contra la inmaculación de la prueba. 

Figura 4

ALCANCE DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

El derecho a la intimidad debe permanecer como secreto de la vida privada y como libertad, se debe prever su no afectación con el desarrollo de investigaciones ilegítimas o cercenadoras de derechos, favoreciendo en cada persona la toma de decisiones por sí misma en lo concerniente a la esfera de su vida privada, lo cual no solo incluye el domicilio personal o familiar, sino que se extiende al domicilio profesional, social, recreativo, comprendiendo además de la esfera doméstica, el círculo de la amistad, el de la personalidad física y espiritual, el de la integridad corporal y de imagen, sin dejar de lado la personalísima privacidad de la persona.  

Figura 5

De otra parte, se concibe la intimidad como el espacio intangible e inmune a las intromisiones externas, del que se deduce el derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no desea escuchar o ver, así como el derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto, y se manifiesta en diversos aspectos de la vida humana como en las relaciones familiares, las costumbres, la salud, el domicilio, las comunicaciones personales, los espacios para utilización de datos informáticos y las creencias religiosas, entre otros, dando origen la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de la protección de datos personales o habeas data. (Sentencia C-540/12, Corte Constitucional Colombia) 

Figura 6

INTELIGENCIA JUDICIAL

La inteligencia criminal o judicial se concibe como la actividad que cumple un organismo de policía judicial, para el caso colombiano, con el propósito de procesar la información que sea útil en la formulación de la política criminal, en la comprensión de la criminalidad, en la prevención y coerción de delitos y en la orientación y apoyo al consejo nacional de policía judicial y políticas de gobierno, lo que a su vez requiere que esta actividad sea altamente especializada y que permanentemente incorpore las innovaciones científicas y tecnológicas para una óptima situación de control en materia de criminalidad, las cuales se apoyan necesariamente en actividades de captación de imágenes y sonidos como fuentes de prueba, representando un riesgo para las libertades y garantías ciudadanas, generando fricción, si no con todos, sí con la mayoría de los derechos fundamentales, contenidos en la carta política.  

Figura 7

Según Montoya (2001), el uso de informantes y técnicas encubiertas por parte de los organismos estatales (inteligencia) exige el debido control y acato de los preceptos constitucionales y legales (Inc. 2 Art. 8 Aparte f de la Convención Americana de Derechos Humanos y Art. 14 Inc. 3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos) y ello cobija el uso de medios electrónicos y/o tecnológicos, sin desatender el auge, la transformación y la tendencia cambiante y sistémica del delito, ponderando aquí la gravedad de las actuaciones de quienes infiltran organizaciones criminales presuntas e invaden la intimidad e inviolabilidad del domicilio.

Figura 8

Al respecto, Martínez (2004) asevera que la realidad siempre va por delante del derecho y aclara cómo los derechos fundamentales que se vulneran con estas prácticas invasivas, son en sentido amplio, un bien jurídico que escapa a cualquier intento de definición cerrada. Por ello, los conceptos jurídicos generan incomodidad entre los juristas apegados a conceptos claros y garantistas. Por otro lado, permanece la obligación de prevenir y combatir la delincuencia con todos los medios personales, materiales y tecnológicos que existan a su alcance; mas no siendo esto la “excusa” para vulnerar o restringir de manera sistemática o indiscriminada los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Figura 9

Según Chiesa (1995), el derecho norteamericano y puertorriqueño son la fuente inmediata de la figura conocida como “standing”, que consiste en la legitimidad exigida para alegar como vulnerada la intimidad personal; de suerte que sólo puede solicitar la exclusión de los hallazgos obtenidos en la diligencia, el titular del derecho constitucionalmente protegido. En efecto:

Una violación a la Enmienda Cuarta o la sección 10 del artículo II de la Constitución del E.L.A. es sufrida, por supuesto, por unas personas en particular. Supongamos que la persona A sufre un registro ilegal, en violación a la protección constitucional. Cuando la evidencia obtenida mediante tal registro ilegal se pretende utilizar contra el acusado, persona B, que no ha sufrido la violación constitucional, ¿debe permitirse al acusado B solicitar la supresión de la evidencia ilegalmente obtenida, a pesar de que quien sufrió el registro ilegal fue A? Este es el problema del “standing” o acción legitimada para invocar la regla de exclusión (Chiesa, 1995).

Salas (2009) se refiere a este enunciado manifestando que la evolución del precedente federal norteamericano relativa al “standing”, el Artículo 231 de la Ley 906 de 2004, recogió todas las posibilidades construidas en torno a limitar la legitimación para solicitar la exclusión de evidencias originadas en procedimientos ilegales que se vincularan con el derecho a la intimidad, a saber: el titular de un derecho de dominio, posesión o mera tenencia del bien objeto de la diligencia, el visitante en calidad de huésped, o el indiciado o imputado que pudieran alegar alguna expectativa legítima a la intimidad en el lugar invadido. Para ello se enumeraron cinco factores que deben ser considerados al momento de valorar si un acusado es titular de “standing” respecto del lugar registrado. (ver figura 3)

Texto extraído de Tesina de Grado como Magister en Investigación Criminal de la ESINC-PONAL, DINAE Colombia, Magister Willi Efrey Aldana S., 2017 (Bibliografía y Referencias se mantienen en el documento original) (candidato a Doctor en Ciencias Forenses)

Apoyo Técnico: Fausto Robles